El
documento fue entregado al ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, cinco
días después que la Coordinación Nacional de
Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), Marcha Patriótica, la
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), la Federación
Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), la Coordinación Nacional de Pueblos
Indígenas (Conpi) y la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades
Afrodescendientes (Conafro), organizaciones que confluyen en la MIA, decidieran convocar a
paro para el 23 de octubre.
“Necesitamos
la instalación de una mesa de concertación de carácter nacional”, afirmó
Alejandra Torres de la MIA, luego que las organizaciones sociales hicieran públicas
las exigencias que incluyen temas como la implementación del Acuerdo de Paz, la
seguridad y garantías para la oposición política en Colombia, el reconocimiento
político del campesinado y su inclusión dentro próximo Censo Nacional de
Población y Vivienda.
El
Paro Nacional Indefinido se da en un ambiente
de agudización del terrorismo de Estado, donde el Gobierno se niega a reconocer
el paramilitarismo en Colombia y el asesinato de personas a manos de la Fuerza Pública.
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