Las familias que habitan
en este barrio, mucho más de un centenar, llegaron en la década de 1980,
provenientes muchas de ellas del Cauca, por el forzoso desplazamiento
ocasionado por la violencia. La realidad no les ha hecho honor a su nombre,
pues han vivido la desfortuna de ser perseguidos por las administraciones
municipales que han intentado desalojarlas en varias ocasiones, derribando sus
humildes casas y agrediéndoles físicamente.
Los funcionarios de
marras, encubrieron el bien fiscal y se inventaron desde 1990 un proceso
policivo de restitución de bien de uso público, siendo su incansable mentora en
los últimos años la Inspectora Corina Rojas y su promotora la Directora del
Zoológico de Cali.
La realidad del predio,
se originó en una compraventa que la Empresa de Servicios Varios de Cali
(Emsirva), le hizo al municipio por escritura pública 174 de 1972 de la Notaría
Cuarta. Se ordenó el desenglobe de este lote por Acuerdo Municipal 119 de 2003,
mediante el cual el Concejo de Cali autorizó al Alcalde de entonces, para que
transfiriera a título de cesión gratuita parte del terreno al Fondo Especial de
Vivienda, especificando que dichos bienes fiscales son aptos para desarrollar
proyectos habitacionales de interés social. Se construyó una pequeña
urbanización y se sometió a sus nuevos moradores a un penoso crédito
hipotecario. Las gentes del asentamiento La Fortuna, continuaron en su empeño,
viviendo en sus casas de bahareque, pues sus exiguos ingresos no les
permitieron asumir esos onerosos compromisos financieros.
En este intermedio, se
promulgó la Ley 1001 de 2005, que ordenó a las entidades estatales transferir a
título gratuito sus bienes fiscales, que hubieren sido ocupados ilegalmente
para vivienda de interés social, siempre y cuando la ocupación haya ocurrido
antes del 30 de Noviembre de 2001.
La municipalidad se
demoró siete años en cumplir el mandato legal, hasta que el Concejo de Cali en
Diciembre del año pasado, expidió el Acuerdo Municipal 336, mediante el cual
autorizó al Alcalde, para que ceda a título gratuito los bienes fiscales
inmuebles municipales, mediante resolución administrativa de transferencia de
dominio.
Es decir, que los habitantes de La Fortuna, así como todos aquellos que han tenido el valor civil de levantar ilegalmente sus viviendas de interés social en predios del municipio desde hace por lo menos 11 años, tienen el derecho a que se les titule.
Pero Corina Rojas en su
implacable persecución, alega que la zona es de alto riesgo, contrario a lo
dictaminado por el geólogo Luís Eduardo Padilla, que en estudio geofísico sobre
la estabilidad general de la ladera donde se localiza el asentamiento La
Fortuna, concluyo que la zona está constituida por rocas dispuestas horizontalmente,
duras, masivas, densas y muy poco fracturadas, por lo tanto se cataloga como
macizo rocoso estable. La prueba de esta verdad, catalogado jurídicamente como
un hecho notorio de público conocimiento, es que durante estos casi 30 años las
casas de La Fortuna no se han derribado, a pesar de la influencia de la
vibración ocasionada por la carretera al mar.
La Inspectora Corina prefiere darle gusto a la Directora del Zoológico, para que amplíe la deprimente cárcel de animales, en vez de permitirles a los compatriotas de este asentamiento, que tengan de una vez por todas, la fortuna del derecho a gozar de una vivienda digna. Por ello conminamos al Alcalde Rodrigo Guerrero, al Personero Municipal, al Defensor Regional y al Director Seccional de Fiscalías, para que no se siga consumando el punible de prevaricato por acción y omisión, que presenciamos con profunda preocupación, y que puede desencadenar en otro más de los actos de violencia que se comente por agentes del Estado, en los infames desalojos contra los sectores populares menos favorecidos de nuestra patria.
Armando Palau Aldana –
Consejero Municipal de Planeación
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