La negativa histórica de construir la paz por la vía incruenta fundamentada en reformas políticas, económicas, sociales, ambientales y culturales y, en lugar de ello escalonar aceleradamente el conflicto, concentrando una porción significativa de los recursos en avivar las llamas de la guerra, constituyen los peores actos de violencia política deliberadamente planificados por los sucesivos gobiernos y sus asesores norteamericanos.
En
Colombia la Violencia contra el pueblo ha sido una política de Estado a fin de
mantener los privilegios de clase de las clases dominantes, imponer modelos
económicos, políticos y culturales e impedir la democratización de la nación.
Esta Violencia histórica, derivó en el conflicto social y armado insoluto desde
los años cuarenta para no ir más atrás.
La
negativa histórica de construir la paz por la vía incruenta fundamentada en
reformas políticas, económicas, sociales, ambientales y culturales y, en lugar
de ello escalonar aceleradamente el conflicto, concentrando una porción
significativa de los recursos en avivar las llamas de la guerra, constituyen
los peores actos de violencia política deliberadamente planificados por los
sucesivos gobiernos y sus asesores norteamericanos, ingleses e israelíes,
decisiones políticas de las altas esferas del gobierno y de los gremios más
poderosos del país, que han agudizado -reiteramos deliberadamente- el
complejísimo drama humanitario que padecen millones de familias víctimas del
conflicto, despojadas de derechos, despojadas de la tierra y hasta de la vida;
decimos entonces que, la violencia se ha instalado como política de Estado en
función del crecimiento económico acelerado, la concentración del poder
político, de la tierra y de la riqueza.
Diría
nuestro García Márquez en Estocolmo en 1.982 que esta “realidad no es la del
papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras
incontables muertes cotidianas”, que “la violencia y el dolor desmesurados de
nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin
cuento, y no una confabulación urdida a 3 mil leguas de nuestra casa”.
La
salida política y dialogada al conflicto social y armado, el mantenimiento de la
mesa de diálogo de La Habana entre el Gobierno y las FARC – EP, la apertura de
mesas de diálogo similares con el ELN y el EPL, la participación del pueblo y
sus organizaciones en las mesas de diálogo, el desescalonamiento del conflicto
y el cese bilateral definitivo del fuego, las necesarias reformas sociales,
económicas, políticas, ambientales y culturales, la democratización y la
soberanía de la nación a través de una nueva Asamblea Nacional Constituyente,
son y han sido luchas del movimiento popular colombiano desde años atrás en las
calles, en las aulas, en los campos, en fábricas, en los semáforos, en los
paros, movilizaciones y bloqueos; la Marcha Patriótica como movimiento social y
político ha estado presente en todas estas luchas, toda vez que es pueblo,
pueblo en lucha, pueblo en movimiento, pueblo en reflexión, pueblo en acción.
Estas
luchas por la paz con justicia social y por las necesarias reformas a la
sociedad colombiana se plantean en contraposición y contrapropuesta al
militarismo y los áulicos de la guerra quienes se han lucrado hasta
enriquecerse a costa de la muerte ajena, ante los retardatarios detentores del
poder, a los abyectos enemigos agazapados y públicos de la paz, a las mafias -
bajo la sombra de los poderosos- que controlan el microtráfico, las bandas
criminales y las jugosas tajadas de los contratos.
Aunque
en el proceso de diálogo que se lleva a cabo en La Habana, la participación del
pueblo ha sido limitada a los foros regionales y nacionales de paz, a la
elaboración de propuestas a través de las urnas establecidas en medios
virtuales y físicos y la participación de representantes de las víctimas del
conflicto –tanto del Estado como de la insurgencia- en la mesa de diálogo,
siendo ésta una clara muestra de la negativa del gobierno a fomentar la
participación del pueblo en el proceso de diálogo, a la mesa hasta la fecha se
han dirigido 9.301 propuestas las cuales pueden ser observadas y analizadas por
los equipos del gobierno y la insurgencia. Así mismo, en La Habana se han logrado
tres (3) acuerdos parciales, sobre política de desarrollo agrario integral;
participación política: apertura democrática para construir la paz y; solución
al problema de las drogas ilícitas.
La
creación de una Comisión Historica del Conflicto y sus Víctimas que produjo un
importante informe en el que varios de los expertos coinciden en la exclusión
política, la problemática agraria y la injerencia del militarismo yanqui como
causas motrices del conflicto, fue también producto de la mesa, no obstante la
agenda de diálogo y discusión que completa ya el ciclo 38, aun tiene por
discutir y acordar los puntos de víctimas; implementación, verificación y
refrendación de los acuerdos y; fin del conflicto, además de las veintiocho
(28) salvedades que deberán ser solucionadas en el transcurso del proceso.
El
movimiento insurgente ha elaborado varios documentos de propuestas para la
solución de los puntos en discusión que recogen una buena parte de las
iniciativas de los participantes en los foros regionales, de éstos vale
resaltar los documentos: 100 propuestas para el desarrollo agrario integral con
enfoque territorial; 100 propuestas mínimas para la participación política y;
50 propuestas mínimas para las drogas ilícitas, entre otros; por su parte el gobierno
nacional, no solo no ha generado propuestas que den respuesta a aquéllas
motivadas por el movimiento agrario, los productores de cultivos proscritos o
las víctimas, sino que además ha buscado dar al traste con los puntos ya
acordados y aquéllos que están en discusión, como lo evidencia el Plan Nacional
de Desarrollo 2014 – 2018, el proyecto de ley de las Zonas de Interés de
Desarrollo Rural y Económico, ZIDRES, el proyecto de ley 133 de 2014 (sobre
baldíos) y la reforma constitucional mediante el cual se impuso el fuero
militar, actitud que desdice del anhelo de paz del pueblo colombiano que
posibilitó la reelección de Santos en las pasadas elecciones de junio de 2.014
cuando en una fiera contienda electoral logró sobrepasar por poco el
guerrerismo fascistoide encarnado en Oscar Iván Zuluaga, esbirro y alfil del
Uribismo ramplón.
Esta
actitud del gobierno del presidente Santos, es coherente con la contradicción
existente en las clases dominantes, una parte de ellas convencidas de la vía
militar y de la agudización de la guerra como mecanismo de pacificación de la
sociedad colombiana y otras desgastadas por el “esfuerzo tributario inherente a
la agudización del conflicto durante más de diez (años)”; por otro lado, el
pragmatismo santista deriva en la toma de decisiones que no contravengan (o lo
hagan en el menor grado posible) el poder de las fuerzas armadas, las
verdaderas gobernantes de la nación colombiana; luego, el gobierno ha optado
por no ceder o ceder lo menos posible, en consecuencia, en más de una
oportunidad el gobierno ha manifestado que el modelo social y económico del
país no está en discusión en el proceso de diálogo de La Habana, lo que además
coincide con sus fuentes ideológicas y políticas de liberal, plutócrata,
despótico y de derecha. Esta actitud de mano dura y poco orientada al diálogo
como mecanismo para la solución de las contradicciones sociales, ha sido
demostrada en los procesos movilizatorios de los años 2013 y 2014 y en general
de la protesta social del movimiento popular colombiano.
En
este contexto, es importante señalar que desde ningún punto de vista se debe
entender que el proceso de diálogo de La Habana, como los que surjan con los
demás grupos insurgentes, lograrán solucionar todos los problemas económicos,
ambientales, culturales, sociales y políticos, históricos de la nación
colombiana, pero la unidad del pueblo colombiano en la búsqueda y construcción
de la paz con justicia social y de la salida política y dialogada al conflicto,
sí permitirán democratizar la nación, lo que sin lugar a dudas será una
victoria del movimiento popular.
Desde
este punto de vista, el Frente Amplio por la Paz, la justicia social, la
democracia y la soberanía, (FAPP), tiene el agradable deber y Tarea de defender
la salida política y dialogada del conflicto con una amplia participación
popular, lograr el cese al fuego definitivo hacia el desescalanamiento del
conflicto, promover un nuevo proceso constituyente ampliamente participativo,
como mecanismo refrendador de los acuerdos y como pacto para que en Colombia
campee la democracia.
Para
hacer esto posible, es pertinente que el Frente Amplio desarrolle una
estructura nacional, departamental y municipal de representación y
participación, la construcción de un programa unificado de lucha y de gobierno,
la realización de jornadas de sensibilización y de pedagogía de la paz con
justicia social como la victoria del pueblo colombiano, que partan desde el
trabajo casa a casa, vereda por vereda, barrio por barrio, que realice
seminarios, cátedras, foros, cumbres, asambleas y encuentros populares. El FAPP
debe promover, participar, impulsar y dinamizar los Consejos de Paz en todos
los niveles, la movilización permanente y bajo esquemas que logren impactar en
la ciudadanía. La ruptura del cerco mediático que han impuesto los poderosos
conglomerados empresariales que controlan los medios de comunicación, diseñando
campañas unitarias de medios por la paz, es también tarea del FAPP y de los
demócratas que queremos una paz real, en absoluto diferente a la paz de Santos
y el uribismo que se limitan al silencio de los fusiles, sin que ello se
traduzca en los necesarias transformaciones de la sociedad colombiana.
Colombia
no puede condenar el futuro de los y las que vienen a los descomunales lastres
de la guerra y los anacrónicos recetarios de los entes multilaterales de
crédito. Allanar un camino de paz con justicia social y democratizar la
nación colombiana, implica por tanto, aislar la mezquindad de la
derecha y el asesino monstruo de la ultraderecha de todas las esferas del
poder, desde los micropoderes de los sindicatos y organizaciones barriales,
campesinas, indígenas, hasta los de los aparatos de poder del Estado.
El
sueño de transformar la sociedad colombiana solo será realidad cuando el
movimiento popular colombiano, unido en un espacio como el FAPP conjugue los
esfuerzos por hacer realidad los mandatos emanados de los históricos procesos
de movilización, los emanados en las constituyentes, la lucha por la paz con
justicia social y las aspiración del buen vivir de las comunidades urbanas y
agrarias, con la lucha por el poder de los aparatos estatales. Desde nuestro
punto de vista ser poder derivará en cambios políticos, ampliación democrática,
participación en todas las esferas, profundización de la lucha por la
democracia, la irrupción en nuevos escenarios de participación política, el
posicionamiento de nuestras iniciativas, el fisurar el poder de la derecha y
quitarle el poder real en los entes de gobierno; apoderarnos de los aparatos de
poder implica remplazar el gobierno de la plutocracia mafiosa por el gobierno
democrático.
De
la conjugación de todas nuestras luchas y sacrificios dependerá entonces la
construcción de una patria distinta a la que nos ha sido impuesta, una patria
del tamaño de la dignidad heredada de los luchadores que han caído, del heroico
pueblo que lucha, de aquéllos que permanecen indoblegables en las mazmorras del
régimen, una patria justa, soberana y en paz.
Diría
el Libertador que “la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los
hombres, sino inexorable decreto del destino”. Hagamos posible este decreto
inexorable del destino conjugando cada una de nuestras fuerzas en las calles y
en cada una de nuestras luchas. Fundamos pues nuestras propuestas en un
programa político de lucha y de gobierno:
Por
la paz con justicia social, por la salida política y dialogada de conflicto
social y armado, por el cese bilateral del fuego, por el desescalonamiento del
conflicto, por la participación del pueblo real y vinculante en los escenarios
de ejercicio y construcción de poder, contra la corrupción y por la defensa del
patrimonio público, ¡camellemos todas y todos por un nuevo proceso
Constituyente!
¡Fundamos pues nuestras propuestas en un
programa de lucha y de gobierno!
