Mandato por la vida digna y contra la corrupción en la Costa Pacífica nariñense y caucana
Hace
204 años miles de hombres y de mujeres
patriotas conformaron el ejército libertador y enfrentaron al régimen español
impuesto a través de la sangre y el terror, lograron el primer paso para la
Independencia: la construcción de nuestra nación.
Esa
aspiración de país fue truncada por los intereses de la aristocracia criolla
que forjó un estado y un gobierno acomodado a sus pretensiones particulares. Desde
aquel entonces, hasta nuestros días, ha sido la oligarquía la que ha estado en
el poder, sumiendo al pueblo en la pobreza y desigualdad mediante las leyes y
las armas.
En
cada localidad los “gobernantes ilegítimos” han legislado en contra del pueblo,
han aprovechado el poder para desviar y hurtar los recursos que nos pertenecen
a todos. La corrupción como fenómeno nacional ha estado al frente de las
administraciones locales, desconociendo los derechos de la comunidad y
convirtiendo a las mismas en ferias que
pagan favores politiqueros con cargos burocráticos. La corrupción ha negado la
posibilidad de garantías reales para el ejercicio de la democracia como
gobierno.
La
Costa Pacífica nariñense como uno de los epicentros del conflicto social y
armado, vive diariamente las consecuencias de la corrupción, por ejemplo el
índice de necesidades básicas insatisfechas que alcanza el 81% en la subregión
Sanquianga, refleja el abandono
estatal y por ende la pobreza y la miseria.
Ante
esta realidad, las comunidades étnicas de la
costa pacífica nariñense y caucana se han organizado para defender sus
territorios, inspirados en el legado de las luchas de las comunidades negras
que lograron liberarse del yugo de la corona española, como lo fue la derrota
del General Tacón en el municipio de Iscuandé.
Por
ello, conscientes de la soberanía popular que posee nuestro pueblo como
constituyente primario, mandatamos que:
1. Proponemos una
Asamblea Nacional Constituyente para construir un nuevo pacto social y político
que garantice la transparencia de las administraciones públicas. Desconocemos el
ejercicio administrativo que implementan los mandatarios de turno en los
diferentes municipios, caracterizados por la corrupción e ilegitimidad, no
reconocemos su mandato y exigimos una participación real y efectiva de la
comunidad en las definiciones políticas locales, departamentales y nacionales.
Solicitamos por ello crear la comisión de la “Verdad y la Transparencia”, con
presencia de los organismos de control nacional, para investigar con profundidad los hechos de
corrupción que se presentan en la costa pacífica nariñense y caucana. Las
personas que se encuentran inmersos en casos de corrupción recibirán todo el
peso de la ley y no podrán volver a aspirar a cargos públicos. La comisión de
la verdad tendrá una interlocución permanente con la mesa regional del
pacífico. La comisión de la verdad estará compuesta por los organismos de
control y la mesa de interlocución del pacífico, responsables de hacer control
y seguimiento al proceso.
2. Todo esquema de ordenamiento, plan básico, contratos, plan de desarrollo o actividad que use recursos públicos tienen que ser creados, aprobados y vigilados por las asambleas populares, direccionadas por las organizaciones sociales en cada municipio; la asamblea tiene la función de vigilar, suspender, revisar, revocar, aprobar y exigir toda la información, con el objetivo de hacer cumplir con el mandato establecido. Para el caso de los consejos comunitarios debe realizarse en su plenitud, el ejercicio de la consulta previa. Es urgente que en un plazo máximo de dos meses se construya un Plan de Ordenamiento Territorial para la región del Pacífico.
2. Todo esquema de ordenamiento, plan básico, contratos, plan de desarrollo o actividad que use recursos públicos tienen que ser creados, aprobados y vigilados por las asambleas populares, direccionadas por las organizaciones sociales en cada municipio; la asamblea tiene la función de vigilar, suspender, revisar, revocar, aprobar y exigir toda la información, con el objetivo de hacer cumplir con el mandato establecido. Para el caso de los consejos comunitarios debe realizarse en su plenitud, el ejercicio de la consulta previa. Es urgente que en un plazo máximo de dos meses se construya un Plan de Ordenamiento Territorial para la región del Pacífico.
3. Prohibimos el ingreso de las trasnacionales a
nuestros territorios, declaramos que nuestras comunidades tienen autonomía
propia para hacer uso del suelo, del subsuelo del país y mantener su cultura y
tradición. Exigimos una socialización pública de todos los tratados comerciales
internacionales que afecten a la población del pacífico, especialmente la “Alianza
del Pacífico” en un tiempo no mayor a 3 meses.
4. Declaramos que la paz tiene que ser con justicia
social, donde a todos los colombianos y colombianas se nos garantice de forma
equitativa y real los derechos fundamentales, económicos sociales, culturales y
ambientales. Apoyamos los diálogos en la habana, exigimos la apertura de
diálogos con el ELN y el EPL y nos sumamos a la exigencia de cese bilateral al
fuego. Solicitamos la participación directa de las comunidades de la región
pacífica nariñense y caucana en los
diálogos de la habana.
5. No permitiremos que se le dé un tratamiento militar a
la profunda crisis humanitaria y social que se vive en nuestra región como
consecuencia de la corrupción y por ello le exigimos al Estado Colombiano la
desmilitarización y la descontaminación de materiales de guerra en nuestros
territorios ancestrales. Exigimos la transformación de su doctrina militar para
que realmente contribuyan en la protección del territorio, igualmente,
demandamos contundentemente el desmonte de los grupos paramilitares que operan
en nuestros territorios. Basta ya de la represión estatal y violaciones de
derechos humanos, herramientas utilizadas por el estado para respaldar la
debilidad e impotencia administrativa de los gobernantes de turno, frente a la
libre expresión del descontento del pueblo con las administraciones corruptas. Las
fuerzas de seguridad del estado deben reubicarse y evitar que la población
civil esté en riesgo en el marco de la confrontación que se vive en la región.
6. El presupuesto general de la nación no sustenta una
política consecuente con las necesidades del pueblo de nuestro país, el sistema
general de participaciones atenta contra la materialización de los derechos de
los colombianos, debe redefinirse la política tributaria y redistribuirse el
presupuesto con criterios populares de participación. Por tanto exigimos:
-
La construcción colectiva y
participativa de un plan de desarrollo integral para el pacífico nariñense y
caucano.
-
La participación activa de la mesa en la elaboración del presupuesto nacional,
departamental y municipal desde el año 2015 en adelante.
-
Una Asignación Presupuestal Nacional Especial para atender las exigencias
inmediatas del pacífico nariñense y caucano, que será administrada por la mesa
de interlocución del pacifico.
-
Es urgente que la gobernación departamental de Nariño cancele el curso de los
acuerdos radicados en el mes de julio del 2014 en la oficina de planeación
departamental por los alcaldes de la región Sanquianga y Telembí, ya que estos
pignoran por 10 años los recursos propios de los municipios de estas regiones.
-
Solicitamos a la gobernación de Nariño y a la gobernación del Cauca realizar
una rendición de cuentas en un plazo de un mes. Igualmente solicitamos a los
municipios que hacen parte del pacífico nariñense y caucano rendir cuentas en sus respectivos
territorios. Estas rendiciones de cuentas deben contar con la participación de
los organismos de control y con una participación efectiva y real de las
comunidades.
7. Exigimos se
construyan mecanismos de participación real y efectiva a las mujeres, a los niños, jóvenes, ancianos
y discapacitados como población vulnerable de la región del pacífico.
8. Ordenamos al
gobierno nacional que brinde todas las garantías y recursos necesarios para la difusión
y socialización de la ley 70 de 1993 de las comunidades negras a nivel de la
región pacífica Colombiana.
9. Ordenamos al
gobierno Nacional que reglamente los capítulos 4, 5, 6 y 7 de la ley 70 de
1993. Es de prioridad para el desarrollo de nuestras comunidades la definición
de los mecanismos legislativos que consoliden una eficaz y equitativa normativa
que permita la plena autonomía en la toma de decisiones de peso para el
desarrollo estratégico integral de nuestra región.
10. En nuestro
territorio se respetará el derecho a la consulta previa, libre e informada,
plasmado en la ratificación del convenio
169 de la OIT, la ley 70 de 1993, en el decreto de 1745 de 1995. Exigimos la
nulidad de los dos concursos realizados a docentes del territorio, el 28 de
julio y 27 de octubre de 2013, estableciendo la necesidad de definir el
procedimiento para la realización de estos concursos docentes a través del
gobierno y la mesa de interlocución del pacífico. Exigimos igualmente se
brinden las garantías para que se reglamente el acceso de las comunidades
negras a las curules de la cámara de representantes.
11.
Exigimos se brinden condiciones ambientales que permitan que nuestras
comunidades tengan una relación armónica con el ecosistema, por tanto urge
detener todas las acciones que afectan el medio ambiente en el pacífico como:
-
Fumigaciones.
-
Derrame de crudo
-
Explotación irresponsable de la minería.
-
Contaminación en las cuencas hidrográficas, quebradas, ríos, lagunas, esteros y
mares.
